El Ministerio de Fomento ha aceptado la propuesta que ha hecho el mediador en el conflicto de la estiba sobre los efectos de la nueva regulación laboral del sector y ha mostrado su disposición a elaborar un reglamento que recoja su contenido, informa el departamento.

Fomento ha señalado que la solución planteada por el presidente del Consejo Económico y Social (CES), Marcos Peña, que actúa de mediador en las negociaciones entre Gobierno, empresas y sindicatos, responde a elementos esenciales como el mantenimiento del cien por cien del empleo, la mejora de la productividad y un sistema de ayudas para la transición del modelo.

Peña ha propuesto elaborar una "normativa transitoria" que garantice la continuidad en el empleo y combinar la norma estatal con la negociación colectiva del sector. Según su documento, la complejidad de la situación aconseja combinar la normativa estatal con la negociación colectiva.

La normativa estatal puede tener, a juicio del mediador, una dimensión de adaptación de la regulación laboral común a estas circunstancias transitorias y otra de diseño de medidas de apoyo público que faciliten la transición.

La propuesta de mediación señala que, teniendo en cuenta el alcance de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE), la nueva normativa ("en la forma jurídica que el Gobierno considere suficiente") debe configurar "una situación de continuidad en la actividad empresarial de puesta a disposición de trabajadores portuarios".

A esta situación, añade, le será de aplicación la normativa sobre mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspaso de empresas.

Según el mediador, la reordenación de la actividad empresarial en este caso es de una magnitud suficiente para constituir "causa organizativa" a los efectos previstos en el Estatuto de los Trabajadores.

Por ello, señala, la aplicación de las reglas del artículo 44 del Estatuto en materia de transmisión de empresas "se podrá adaptar en función de la necesidad de adoptar medidas laborales en relación con los trabajadores". La ordenación de estas medidas, subraya la propuesta de mediación, "es propia de la negociación colectiva".

De esta forma, concluye el mediador, "la formulación legal del principio de subrogación empresarial se complementará y articulará con fórmulas de subrogación convencional".

El mediador explica en el documento, de 16 páginas, que, después de cuarenta días de negociación, y aun constatando "la buena disposición de las partes", no es posible lograr un acuerdo "globalmente".

Por otro lado, Fomento señala que el acuerdo al que llegaron este miércoles las empresas y los sindicatos tendría un coste de 2.415 millones de euros para el Estado, ya que debería asumir la diferencia salarial entre los trabajadores nuevos y los subrogados y las jubilaciones anticipadas necesarias hasta lograr la reducción de plantillas deseada.

Según explica el departamento que dirige Íñigo de la Serna, esta cifra es "inasumible para el erario público", supondría una "enorme discriminación" frente al resto de trabajadores y está muy alejada de los 120 millones de euros del plan de ayudas inicial que planteó el Gobierno.

El Ministerio insiste en que la Comisión Europea no permite la subrogación por ley de los trabajadores.